La crisis griega ¿qué sucede en Atenas?

por Santiago Hernández G.

En los últimos días, la noticia de una crisis económica en Grecia ha permeado todos los medios de comunicación en el mundo. La desconfianza entre los inversionistas, sumada al debilitamiento de la zona Euro y los riesgos de contagio en España, Portugal e Italia; parecen profundizar y remarcar el difícil momento por el que están pasando Atenas y la Unión Europea.

Desde 2009, cuando el Partido Socialista de Grecia (PASOK) liderado por Yorgos Papandreu, gano las elecciones presidenciales, el nuevo gobierno revisó a la alza algunos indicadores económicos clave: el déficit público acumulado (diferencia negativa entre los ingresos de un país y sus egresos) pasó de 4.3% a 12.7% y la deuda pública griega representaba el 113.4% del PIB (en México la deuda pública representa el 30% del PIB). En enero de 2010, un Informe de la Comisión Económica Europea detalló –como era esperado- que los gobiernos anteriores a Papandreu habían manipulado flagrantemente las cifras fiscales y económicas presentadas a entidades financieras, inversionistas y a los organismos reguladores europeos.

Una década antes, el gobierno griego –impulsado por la fortaleza del Euro y el acceso a mejores condiciones de financiamiento- había iniciado un programa económico caracterizado por los excesos, el sobreendeudamiento y la confianza desmedida. Tan sólo en un periodo de 5 años se aumentaron en un 16% los salarios de todos los servidores públicos, al mismo tiempo que se invirtieron recursos públicos en proyectos y rubros tan diversos como las Olimpiadas de 2004 (cuyo costo fue superior a los 1,400 millones de Euros), subsidios a la energía eléctrica (500 millones de euros anuales), el pago de derechos a sindicatos, el aumento de pensiones y los subsidios a medicinas. La teoría en aquel entonces, estaba fundamentada en que el creciente gasto público impulsaría todos los sectores de la economía y, eventualmente, el gobierno griego podría hacer frente a sus obligaciones de deuda. Esto no sucedió.

En 2010, dos de las principales calificadoras crediticias en el mundo -Standard & Poor’s y Fitch Ratings- disminuyeron la calificación de la deuda griega por considerar que las nuevas condiciones económicas, reportadas por el gobierno de Papandreu, comprometían gravemente la capacidad de pago del gobierno. La noticia, como era de esperarse, fue diseminada rápidamente en los mercados internacionales y los acreedores de Grecia –principalmente bancos alemanes y franceses- apuraron su respuesta endureciendo sus condiciones, exigiendo pagos adelantados y limitando la capacidad del nuevo gobierno para hacerse de nuevos financiamientos.

Para entonces, el Ministro Papandreu enfrentaba el peor escenario posible: déficit creciente en las finanzas públicas, desplome superior al 10% en la bolsa griega y nulo acceso a recursos financieros que le permitieran hacer frente a las necesidades inmediatas de su gobierno. Ante tales condiciones, el gobierno griego solicitó el apoyo del Banco Central Europeo (BCE) y puso en marcha un plan de austeridad que planteaba reducir salarios a los trabajadores del Estado, aumentar el IVA del 19% al 23% y reducir el déficit público de 12% a 9%. Las autoridades del BCE acordaron someter a Grecia a un escrutinio histórico, para más tarde aprobar el plan presentado por Papandreu.

No obstante, la crisis de Atenas se agudizaría con las protestas y paros generales ante el descontento de los trabajadores del Estado y pensionados que –tras el plan aprobado por el BCE- verían reducidos sus ingresos y, en algunos casos, perderían sus empleos. Pronto, en todo el territorio helénico brotarían protestas violentas que terminarían por agudizar los síntomas de una crisis que ya se antojaba incontrolable. Por primera vez, en 11 años, un miembro de la Comunidad Europea requeriría una intervención mayor para salvar su economía.

Durante 2010 y tras 8 paros generales, la evolución de la economía griega aceleró su tendencia negativa: el déficit público aumentó a 15% y el desempleo –empujado por los recortes presupuestales y el adelgazamiento de las nóminas públicas- llegó a niveles históricos del 12%. Para entonces, las calificadoras crediticias habían reducido a nivel de “bono basura” las emisiones de deuda griegas y los inversionistas aceleraban la caída de las bolsas europeas. Los tres primeros tramos de ayuda económica del BCE y el FMI a Grecia, que sumaban poco más de 35 billones de euros, habían resultado insuficientes. Grecia tendría que solicitar apoyos adicionales.

En febrero de 2011, tras numerosas negociaciones y la realización de un panel de expertos en Bruselas, la Comisión Económica Europea, el BCE y el FMI –liderados por Alemania y Francia- aprobaron destinar 110 mil millones de euros adicionales a Grecia, siempre y cuando Atenas se comprometiera a privatizar empresas públicas por un valor de 50 mil millones de euros y ampliar –mediante el cobre de nuevos impuestos- la recaudación fiscal griega. Las medidas de apoyo habían llegado tarde, para entonces los capitales griegos habían abandonado el país y los bancos suizos habían recibido casi 280 mil millones de euros en depósitos desde Grecia (equivalente al 120% del PIB). Bajo tales condiciones, el FMI estimó que el costo total del rescate griego podría alcanzar los 250 mil millones de euros.

A junio de 2011, los 8 principales bancos helénicos han visto reducidas sus calificaciones crediticias y sufren una grave crisis de liquidez. El gobierno de Atenas se ha desplomado con los crecientes paros generales y las renuncias de varios Ministros. Las autoridades europeas y los gobiernos de Alemania y Francia han empujado por dar una solución inmediata, pues indudablemente están en juego la fortaleza del euro, la credibilidad de la Unión Europea y la estabilidad económica comunitaria. Sin una solución de fondo al problema griego, los inversionistas seguirán llevando su capital a monedas y mercados más estables, los especuladores seguirán apostando contra el euro, mientras que el contagio económico podría terminar por agudizar los síntomas de España, Irlanda, Italia y Portugal.

El caso de Grecia es un ejemplo claro de que los modelos económicos que privilegian el gasto público y la excesiva participación del estado en todas las actividades productivas, están agotados. El aviso es claro: el crecimiento excesivo de la deuda pública, no solo en Grecia sino también en otros países, compromete el desarrollo económico de largo plazo y supone un riesgo sistémico para los mercados globales. Ahora el reto –para Europa y el resto del mundo- será redefinir el plan económico actual que, al mismo tiempo que plantea reducir el tamaño de la economía griega, espera que Atenas genere recursos suficientes para pagar por la ayuda recibida. Se antoja difícil…y lo es.